Alberto Cardemil, diputado de RN y ex subsecretario del régimen militar:
"No he visto a nadie del gobierno militar pidiendo cargos"

Afirma que la decisión de Piñera de no convocar a ex funcionarios de ese gobierno "es una opción política lógica".

Lunes 11 de enero 2010

Fuente: emol.com

MARGARET VALENZUELA
Se califica a sí mismo como el principal partidario del gobierno militar, del que fue subsecretario del Interior entre 1986 y 1989. En esa condición le correspondió anunciar el triunfo del No en el plebiscito de 1988.
Por eso, el diputado Alberto Cardemil (RN) sale a enfrentar las suspicacias que surgieron esta semana en sectores de la derecha luego que el comando de Sebastián Piñera, y el propio abanderado, señalaran que éste no gobernará con quienes colaboraron en el régimen militar.
Cardemil no sólo dice compartir esa definición, sino que llama a ese mundo a comprender que es tiempo de colaborar desde la segunda línea. "En mi caso, soy diputado y me corresponde hacer un aporte desde el Congreso con mucho profesionalismo y patriotismo", afirma.
-¿Cómo interpreta los dichos de Piñera?
"Sebastián dijo que en su gabinete no va a haber personas que hayan ocupado cargos relevantes en el gobierno militar y eso me parece absolutamente pertinente. No veo que en esto haya que creer que hay un veto para nadie. Son personas muy calificadas, éticamente impecables, son de lo mejor que tiene Chile, pero aquí Piñera ha tomado una opción política lógica".
-Una opción que los excluye...
"La gente está pidiendo mirar hacia adelante, con gabinetes muy jóvenes, profesionalmente aptos, sin cuoteos políticos y yo no solamente no tengo ningún reparo de eso, sino que creo que está en la línea correcta".
-¿Entonces no se siente aludido o discriminado?
"Es que aquí no hay un tema de discriminación ni de veto. Nadie tiene que sentirse herido por eso. La idea precisamente es articular un Chile en el que estemos todos y la gente que apoyamos al gobierno militar entendemos que esa fue una tarea de los jóvenes de entonces con un gran sentido patriótico y que cada día tiene su afán. Hoy hay otras realidades y los gobiernos necesitan de los relevos".
-¿No cree que hay gente que trabajó en el gobierno militar que podría ser un aporte?
"Hay que sentirse muy orgulloso por las tareas cumplidas ayer, pero hoy debemos ayudar a que chilenos jóvenes tomen las riendas. A los de más edad... está el Congreso, las áreas profesionales tanto nacionales como internacionales y regionales. Y les digo a mis amigos: no tengamos lecturas incorrectas de una cuestión lógica que planteó nuestro candidato".
-¿A qué se refiere cuando habla de colaborar desde los ámbitos profesionales?
"Personas como Hernán Büchi o Cristián Larroulet pueden hacer un tremendo aporte en el ámbito económico. Ernesto Videla en el ámbito de Relaciones Exteriores puede hacer un tremendo aporte y no cabe duda que lo va a hacer. Pero no he visto a nadie que haya trabajado en el gobierno militar que esté pidiendo cargos. En el Congreso hay que hacer un esfuerzo de articulación de apoyos, en los partidos también hay muchas tareas. Y en regiones hay un ámbito muy específico de conocimiento local donde la edad y la experiencia pueden ser un plus".
-A estas alturas, algunos podrían considerar casi un pecado haber colaborado con Pinochet después de escuchar a Piñera...
"Mire, no puede haber nadie más partidario del gobierno militar que yo y a mucho orgullo. La opción de ganar hoy y de empinarse sobre el 50% se comenzó a construir en la transición por personas que fuimos capaces de defender los rieles fundacionales por donde el país transitó. Porque la Concertación, en este sentido, ha sido mandataria del gobierno militar. Pero se está terminando un ciclo, la transición termina con la elección de Piñera y hay tarea para todos".
"Hay que sentirse muy orgulloso por las tareas cumplidas ayer, pero hoy debemos ayudar a que chilenes jóvenes tomen las riendas. A los de más edad... está el Congreso".
Pérez: Frei sí incorpora a ex funcionarios de Pinochet
El secretario general de la UDI, Víctor Pérez, aseguró ayer que de todos los colaboradores del régimen militar sólo Felipe Lamarca, ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), estaría interesado en volver al servicio público tras apoyar la candidatura de Eduardo Frei.
"Quienes han tenido interés en seguir siendo actores se han presentado en elecciones populares y hoy están en el Congreso Nacional. Y al único funcionario del gobierno del Presidente Pinochet que he visto interesado en la actividad pública ha sido el ex director del SII Felipe Lamarca, y ese apoyo no generó ningún conflicto político", dijo. En tono irónico, añadió que el hecho de que Lamarca esté apoyando a un candidato que a su vez es respaldado por el PC "demuestra que es más importante el mérito de las personas que el lugar de donde vienen".
En todo caso, dijo que la eventual llegada de Piñera a La Moneda va de la mano de una renovación política, un recambio generacional, con "nuevas ideas, actitudes y conductas para manejar el gobierno".

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO NACIONAL

Viernes 20 de noviembre 2009

Los diputados aprobaron la propuesta que resuelve las diferencias entre las dos cámaras surgidas durante la tramitación de los cambios a la ley orgánica, que buscan ajustarla a las últimas reformas constitucionales. El informe debe ser ratificado ahora por el Senado.

A continuación el discurso del Diputado Cardemil, donde llama a votar a favor de ella, consiguiendo 85 votos favorables.


Señor Presidente:

Creo, sin temor a equivocarme, que nos corresponde conocer en esta sesión uno de los proyectos de mayor trascendencia para el trabajo parlamentario, que tiene como objeto perfeccionar la legislación que regula el funcionamiento del Congreso Nacional y hacer más transparente la forma en que se adoptan las decisiones al interior del Parlamento, lo que permitirá adecuarla a las reformas constitucionales aprobadas en la ley N° 20.050, del año 2005.

Creo, además, que es importante recordar que esta discusión se inició precisamente en esta Corporación, en los días siguientes al despacho de estas reformas, al conocer de una moción del entonces Presidente de la Corporación, que tuvo una rápida tramitación pero que, lamentablemente, se extendió en demasía en su paso por el Senado. Lo mismo podría decirse del tiempo en que estuvo en discusión en la Comisión Mixta, pero hay que reconocer igualmente que los actuales presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado le dieron la urgencia necesaria, habida cuenta de su extensa normativa, para que hoy, finalmente, estemos asistiendo a su definitivo despacho.

Quiero referirme en esta intervención a cinco puntos, que en concepto de nuestra bancada, son los principios rectores de esta iniciativa: me refiero a la regulación de la petición de información; las reglas sobre transparencia y la regulación de las asignaciones parlamentarias; las normas sobre tratados internacionales, y la regulación de las Comisiones Investigadoras.

Ambas Cámaras del Congreso Nacional están sujetas a la obligación de dar cumplimiento a la denominada transparencia activa, según lo dispone el artículo sexto de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública. Deberán, especialmente, publicar la asistencia de los parlamentarios a las sesiones de sala y de comisiones, las votaciones y elecciones a las que concurran, y a las dietas y demás asignaciones que perciban.

Durante la discusión de esta materia se recordó que el Congreso Nacional no estaba obligado, al igual que el Tribunal Calificador de Elecciones y el Tribunal Constitucional, a cumplir con las exigencias de la transparencia pasiva. Al respecto, la Comisión concordó en la idea de que sean las Comisiones de Ética de cada Cámara las que resuelvan las reclamaciones que presenten los particulares cuando se les niegue el acceso a la información, estableciendo expresamente que al Congreso Nacional ni a sus servicios comunes se les aplicarán los artículos 24 a 30 y 33 de la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la información de la Administración del Estado.

Se acordó, además, dejar constancia que en estos casos no procederán recursos en contra de las resoluciones que resuelvan los reclamos que se formulen ante la Comisión de Ética y Transparencia del Senado o la Comisión de Conducta y Transparencia de la Cámara de Diputados y que corresponderá a la Comisión Bicameral resolver, en única instancia, los recalamos de información que cualquier particular formule en contra de los servicios del Congreso Nacional.

Con relación a esta misma materia fue objeto de una ardua discusión la discrepancia entre el Senado y la Cámara de Diputados en relación con la norma que establece que el principio de transparencia consiste en permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que adopten, especialmente en cuanto al carácter reservado de las sesiones de las Comisiones y a la posibilidad de que se admita en ellas la presencia de público, cuestión que fue desechada, salvo en el supuesto de que la Comisión lo acuerde por la mayoría absoluta de sus miembros. En relación a esta misma materia la Comisión debatió el estatuto que tendrían las grabaciones de audio de las sesiones de las Comisiones y de los Comités. A este respecto, el Código Civil establece como uno de los elementos de interpretación de la ley la historia fidedigna de su establecimiento, que se encuentra en los informes y en las actas de las Comisiones y en el Diario de Sesiones de cada Corporación, razón por la cual se propuso por algunos señores diputados que las grabaciones de audio de las sesiones de las Comisiones deberían ser públicas, salvo que incidan en materias que por mandato constitucional tengan el carácter de reservadas. Si embargo, la mayoría de la Comisión estimó necesario que éstas tengan el carácter de reservadas.

También en directa concordancia con lo anterior, se acordó establecer que cada Cámara deberá tener una Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria encargada de velar, de oficio o a petición de un parlamentario, por el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública y de conocer y sancionar las faltas a la ética parlamentaria de los miembros de sus respectivas Corporaciones. Cada Cámara elegirá a los integrantes de estas Comisiones por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. La comparencia ante dichas Comisiones será obligatoria para el senador o diputado que hubiere sido citado, previo acuerdo adoptado por los dos tercios de sus integrantes, en sesión especialmente convocada al efecto. Serán los reglamentos de cada Cámara los que establecerán la forma en que se elegirán a sus integrantes, los tipos de amonestación y el monto de las multas que podrán imponer y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos y resoluciones, los que serán públicos, cuando tengan el carácter de definitivos o así lo acuerde la comisión.

Asimismo, se acordó que la declaración jurada de intereses de los parlamentarios deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días desde que hubieran asumido el cargo y ser publicada en los sitios electrónicos de la respectiva Corporación, que deberá ser actualizada cada vez que se produzca un cambio en sus intereses. Además, deberá actualizarse la declaración entre los sesenta y los treinta días que antecedentes a una elección parlamentaria.

El incumplimiento de esta obligación será sancionada con multa de diez a quince unidades tributarias mensuales, que en caso de reincidencia se elevará al doble. En el caso de que el infractor presente la declaración omitida o la corrija en el plazo de diez días contados desde la notificación de la resolución que impone la multa, ésta se rebajará a la mitad. Hay que consignar que se establece un debido procedimiento al cual deberá sujetarse la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria, autoridad encargada de sancionar.

Sin duda que una de las materias más interesantes y que concitó una mayor discusión fue la relativa al derecho de petición de información.

Al respecto hay que tener presente que por primera vez se regula la forma en que la Cámara de Diputados hará efectivo este derecho de petición frente al Gobierno. Se determinan los organismos de la Administración del Estado y las entidades en que el Estado participe o tenga representación, que deberán proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados, sea por las comisiones o por los parlamentarios individualizados en sesión de sala o de comisión. Sobre lo mismo, se especifica la forma en que serán solicitados los informes y antecedentes que tengan el carácter de secretos o reservados, cuáles son las condiciones que requieren para que tengan tal carácter, y el conducto a través del cual deberán ser proporcionados y conocidos en sesión secreta. Se exceptúan de esta obligación los organismos de la Administración del Estado que ejerzan potestades fiscalizadoras, cuando la revelación de informes o antecedentes afecten o puedan afectar el desarrollo de una investigación en curso.

En el evento de que el requerido no conteste o deniegue la información solicitada, no estando dentro de una causal de excepción, la Contraloría General de la República deberá iniciar el procedimiento sancionatorio establecido en la ley. En el supuesto de que una empresa se niegue a entregar la información solicitada, ante la insistencia del requerimiento de la Cámara respectiva, deberá proporcionar la información solicitada, salvo que interponga un reclamo de ilegalidad ante la Corte Suprema. En caso de rechazarse el reclamo la sentencia señalará un plazo para la entrega de la información y señalará a la Superintendencia de Valores y Seguros la necesidad de iniciar un procedimiento sancionatorio para establecer si el representante legal de la empresa ha incurrido en alguna de las infracciones establecidas en el Decreto Ley N° 3.538.

Importante es considerar que hubo consenso unánime en la Comisión en determinar que, además de los organismos de la Administración del Estado, las personas jurídicas creadas por ley o las empresas en que el Estado tenga representación o aportes de capital mayoritario, se incorporan las demás entidades privadas en que el Estado tenga aporte, participación o representación mayoritaria.

Asimismo, por unanimidad, la Comisión Mixta determinó que en esta situación se encuentran Televisión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Minería, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, el Banco del Estado y otras empresas del Estado que en el futuro se creen y que en sus leyes orgánicas prescriban que quedan al margen de las normas generales aplicables a las empresas del Estado o usen otra fórmula similar con el mismo objeto.

Además, hubo consenso en dejar muy en claro que tanto los Senadores como los Diputados y las comisiones que ellos integran están habilitados para pedir informes o antecedentes a los órganos de la Administración del Estado, pero que de conformidad con la Carta Fundamental sólo a la Cámara de Diputados le corresponde ejercer facultades fiscalizadoras y que no se limitan las atribuciones que tienen las comisiones investigadoras para solicitar antecedentes de carácter reservado. Amén de lo anterior se establece que los informes o antecedentes sólo podrán ser solicitados por las Cámaras o por los parlamentarios individualizados en sesión de Sala y ya no más por los organismos internos autorizados por los reglamentos de cada Corporación.

Con respecto al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y del Comité de Auditoria Parlamentaria, debemos decir que cada día se hace más patente lo dicho por un destacado constitucionalista en el sentido de que hay demandas crecientes de publicidad, transparencia, probidad impulsadas desde la ciudadanía y por los medios de comunicación social que exigen que se entregue más información sobre las asignaciones parlamentarias y demandan un control sobre la forma en que se gastan los dineros.

Para analizar este tópico parlamentario, debemos partir de la base que el Congreso Nacional es autónomo para imputar, distribuir, asignar y gastar los fondos públicos que le son asignados en la Ley de Presupuestos, debiendo, por cierto, ajustarlos a las normas constitucionales, legales y reglamentarias y a las decisiones de los órganos internos de cada Cámara. No existen, por tanto, sistemas de control heterónomo respecto de la forma en que el Congreso Nacional distribuye y asigna sus fondos, con excepción de los tipos penal y de la sujeción a las obligaciones de probidad y transparencia establecidas en el artículo 8° de la Constitución. Las auditorías internas y las formas de control y revisión de sus cuentas forman parte de la autonomía financiera del Parlamento.

Durante la discusión de esta materia se recordó la situación producida en el Parlamento inglés producto de fuertes cuestionamientos a la forma en que algunos de sus integrantes habían utilizado sus asignaciones, lo que determinó que se estableciera una autoridad independiente encargada de regular el sistema de asignaciones que reciben los parlamentarios, la forma en que se utilizan dichos recursos y las sanciones a aplicar en caso de que se infrinjan las disposiciones referidas a las asignaciones parlamentarias.

En nuestro país, en el último tiempo, también se han conocido algunas situaciones que han puesto en tela de juicio el uso de las asignaciones parlamentarias y han contribuido a acrecentar el desprestigio de la política y del Parlamento. De allí que se haya pensado en el establecimiento de un órgano independiente del Congreso Nacional, el llamado “Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias”, que estará facultado para determinar las asignaciones que deben recibir los Diputados y Senadores, al cual se uniría el “Comité de Auditaría Parlamentaria”, concebido como un órgano interno del Congreso Nacional, distinto de las actuales tesorerías de ambas Cámaras, que deberá revisar las cuentas parlamentarias y certificar, a lo menos una vez al año, que se ha dado cumplimiento a la normativa que regula el uso de las referidas asignaciones.

El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, elegido en la forma en que señala la ley, constituido al comienzo de cada período legislativo y cuyas normas de funcionamiento estarán dispuestas en un reglamento, será el encargado de determinar, con cargo al Presupuesto del Congreso Nacional, el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria, para lo cual deberá oír a las Comisiones de Régimen Interior del Senado y de Régimen Interno de la Cámara de Diputados. Por función parlamentaria se entenderá todas las actividades que realizan senadores y diputados para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confieren la Constitución y las leyes, comprendiéndose en éstas la tarea de representación popular y las diversas labores políticas que llevan a cabo aquéllos y los comités parlamentarios.

Por su parte, el Comité de Auditoria Parlamentaria será un servicio común del Congreso Nacional, que tendrá como función principal controlar el uso de los fondos públicos que se entreguen a los parlamentarios para cumplir su función y de revisar las auditorías que se hagan de los gastos institucionales. Cumplirá sus funciones de acuerdo a un reglamento que se dictará y en el cual se establecerá el procedimiento a que se sujetará en su actuación y estará integrado en la forma que se establece en la ley. Las auditorías serán anuales y se practicarán controles periódicos para corregir deficiencias y fiscalizar en terreno. Se establece, asimismo, que los reparos que no sean subsanados se pondrán en conocimiento de las Comisiones de Ética y Transparencia respectivas, y en el supuesto de que se estimare que algunos hechos pudieren revestir carácter de delito, se pondrán los antecedentes en conocimiento de la Mesa de la Corporación a que pertenezca el respectivo parlamentario.
Respecto de los tratados internacionales se establece que para su aprobación o rechazo las Cámaras se pronunciarán en votación única y con el quórum más elevado que corresponda a las materias reguladas por sus normas.

La formulación de reservas y declaraciones interpretativas puede tener su origen en cualquiera de las Cámaras, pero la Constitución exige que ellas sean formuladas por el Congreso Nacional y no por una de las Cámaras de manera individual, lo que no significa que se haya derogado el derecho de petición de los parlamentarios ni la posibilidad de que de que cada Cámara adopte acuerdos que posteriormente se comuniquen al Presidente de la República.

La materia más importante abordada en este Capítulo es la constitución de una Comisión Mixta en los términos previstos en el artículo 70 de la Constitución Política, en el caso de que una de las Cámaras rechace lo acordado por la otra. Lo mismo acontecerá si la discrepancia se presenta en la formulación de reservas y declaraciones interpretativas o de retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado.

La Comisión Mixta tuvo en consideración que la aprobación de los tratados internacionales se somete, en lo pertinente, a los trámites de aprobación de una ley. En consecuencia, como se dice en el Informe, se estimó que era constitucional la formación de comisiones mixtas en la hipótesis de que exista un rechazo de un tratado por parte de una Cámara. Lo que se busca, entonces, es establecer una nueva instancia en la cual se pueda llegar a un acuerdo cuando hay discrepancia entre ambas Cámaras.

Por último me referiré a ciertas cuestiones fundamentales aprobadas en el marco de las Comisiones Investigadoras.

Lo primero es apuntar que después de años de discusión se ha dado reconocimiento legal y constitucional a la creación de Comisiones de Investigación, que hasta ahora sólo tenían reconocimiento en el Reglamento de la Cámara de la Cámara de Diputados, gracias a la modificación aprobada en el año 1994.

Esta rama del Congreso Nacional creará estas Comisiones con el acuerdo de dos quintos de sus miembros en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno. Estas comisiones, ni aún por la unanimidad de sus integrantes, podrán extender su cometido al conocimiento de materias no incluidas en el objeto o finalidad para el que se creen. Podrán citar a sus sesiones a los Ministros de estado, a los funcionarios de la Administración del Estado, al personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, quienes estarán obligados a comparecer y a suministrar en forma veraz y completa los antecedentes y las informaciones que les sean requeridos, estableciéndose sanciones y haciéndose efectivas responsabilidades en caso de incumplimiento.

Asimismo, se discutió la propuesta de la Cámara de Diputados, de imponer a los ex funcionarios públicos la obligación de comparecer ante estas comisiones cuando sean citados en razón de los hechos en que participaron o conocieron en el ejercicio de la función pública que desempeñaron, hasta cuatro años después de que hayan dejado de ejercer dichos cargos. Para su rechazo, la Comisión Mixta estimó que no corresponde obligar a los particulares, independientemente de la función que cumplieron, a comparecer ante las referidas comisiones.

De la misma manera, la Comisión rechazó la norma aprobada por el Senado que establecía que, además de las menciones reglamentarias, el informe debía individualizar a quienes afectaren responsabilidades políticas.

Excepcionalmente, si fuere necesario pata el resultado de la investigación y por acuerdo de la mayoría de los miembros de la Comisión se podrá recabar el testimonio de particulares, quienes podrán asistir acompañados de un asesor o letrado. Será responsabilidad del Presidente de la Comisión cuidar de que se respeten los derechos de éstos.

Señor Presidente: he buscado hacer un corto análisis de estas cuatro o cinco materias que en mi concepto tienen la máxima relevancia en la búsqueda de lograr la adecuación de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional con las reformas constitucionales aprobadas en la ley N° 20.050, de 2005. En resumen quiero dejar constancia que la Comisión Mixta ha realizado un trabajo serio y exhaustivo, que aunque no aborda el total de las modificaciones que se hacen necesarias en el trabajo parlamentario, si constituyen un esfuerzo poderoso en el mejoramiento de nuestra labor.

He dicho.

Debates que vendrán

Lunes 31 de agosto 2009

La próxima semana vendrán varías discusiones sobre temas públicos y me gustaría como siempre, dar mi opinión clara y fundamentada, abriéndome a todos los comentarios, críticas y sugerencias que ustedes me hagan :

1.- Bono de Marzo para todos los chilenos

La concertación, haciendo campaña sucia, ah corrido la falsedad de qué en nuestro gobierno, el de Piñera, se terminarán todos los programas sociales. Para dar una señal clara que la red social se reforzará y mejorará, Piñera anunció que en marzo, apenas asuma entregara un bono de ayuda solidaria a todos los chilenos que ganen menos de $ 400.000.- .

Sería bueno preguntarle a Frei y a ME-O sí están dispuestos a tomar ese mismo compromiso en el caso, harto improbable, que alguno de ellos llegara a presidente.

2.- Gastos de Campaña

La concertación tiene varios candidatos con campañas millonarias y usa los recursos de todos los chilenos en apoyar a Frei. Sin embargo andan obsesionados con la plata que gastará Piñera. Creo que nuestro candidato se equivocó o lo interpretaron mal al hablar de $ 10MM.- de gasto en sus letreros. Debiera decir qué gastará lo que se necesite dentro de los límites legales. Va a usar recursos propios, y es bueno que lo haga por que necesitamos que llegue a la presidencia.

Respecto a mí, soy partidario de cumplir la ley, por lo tanto que no se haga campaña hasta noviembre y siempre he hecho campañas muy modestas y de contacto personal.

3.- Legalización del consumo de Marihuana.

Argentina, que tiene un gobierno de extrema izquierda legalizó en la práctica el consumo de marihuana. Creo que lo hizo por razones populistas y llevarle la contra a Colombia que está tratando con EEUU de erradicar el narcotráfico que tanto dolor y muerte le ha causado. Me duele por Argentina. Creo qué los Kirchner han causado un tremendo daño histórico a su pueblo.

No van a faltar los que deseen que Chile siga el mismo camino. Pero aquí la legislación es clara, sanciona el narcotráfico, a grande o pequeña escala, pero los juzgados dejan libre al que pruebe que tiene droga para consumo personal.

Yo votaré en contra de cualquier modificación a la ley actual. Si hubiera que corregir algo sería partidario de endurecerla para perseguir con mejores resultados a las bandas que muchas veces usan a niños y consumidores chicos para hacer micrográfico.

4.- Nuevo escándalo en la Central Nacional de Abastecimiento de Salud CENABAST.

El sistema de salud público administrado por la concertación, ya no da para más. Aquí en Santiago se descubrió una tremenda bodega con remedios vencidos o en mal estado, mientras a la gente se les niega en consultorios y hospitales. EL país ya está cansado de qué todos los días aparezca una metida de manos o de pies en la administración pública.
En el gobierno de Piñera no va a haber cuoteo partidista, se trabajará con los mejores y restablecerá la eficiencia, la honradez, y el sentido de urgencia, por que los más pobres no pueden esperar.

Peréz Yoma y Arenas

Viernes 21 de agosto 2009

Debo contarles con algún detalle, como testigo presencial, acerca de la “trifulka” de la tarde del martes en la Cámara.

En primer lugar debo decirles que le tengo aprecio al ministro Pérez Yoma, me duele que su padre haya sido asesinado por terroristas de izquierda durante la UP y he sentido lo de su enfermedad.

Sin embargo me pareció un abuso que haya llegado a la interpelación con una barra brava de funcionarios públicos dirigidos por el intendente de Valparaíso, por supuesto qué en horas de trabajo.

Durante la interpelación de Cristián Monckeberg quedó claro que el Ministro responsable de la seguridad pública y de la administración interior de las regiones de La Araucanía y Bio- Bio, estaba absolutamente “colgado” respecto de los graves problemas del sur del país, y ayuno de soluciones a los mismo. Allí están actuando de manera creciente grupos paramilitares con armamento automático y apoyo del exterior, existe un verdadero escándalo con la CONADI y su política de asignación de tierras qué, en definitiva, sirve de incentivo a las tomas ilegales, tipo UP, cuando no para coimas y negociados.

Auguramos, por desgracia, una cada vez más grave situación de desorden y deterioro del imperio de la ley en esa zona, lo que el Ministro niega o minimiza contra todo sentido común.

Al final, en el turno de la UDI, le correspondió hablar a Gonzalo Arenas, joven diputado cuya familia ha sido víctima de la violencia (recién le han quemado las bodegas del campo).

Me consta qué la barra de las tribunas impidió a gritos su discurso. Durante la intervención que pudo realizar, el diputado le enrostró en forma dura, pero sin mala educación a Edmundo Peréz, el indulto concedido por la presidenta a un violentista mapuche que sigue agitando en la región.

Como el colega, no pudo completar su discurso por los gritos de las galerías, varios diputados que lo acompañábamos, entendiendo la gravedad de lo que estaba denunciando, le aconsejamos que le entregara personalmente el documento al Ministro. Cuando intentó hacerlo por mano, éste lo rechazó airado. Ante ese rechazo el diputado le dejó caer el papel en la mesa. El ministro tomó el papel y se lo arrojó a la cara, gesto que acompañó, al decir de varios, con malas palabras.

Como varios diputados de la concertación avanzaron, seguramente con el propósito de agredir al diputado, que volvía a su asiento, varios otros diputados nos interpusimos para evitar una riña.

Con completa objetividad puedo decir qué, si, hilando fino, el diputado cometió alguna falta reglamentaria al pararse de su asiento para entregarle un documento a un Ministro, o cometió alguna descortesía por tirarlo a la mesa, una falta mucho mayor cometió el Ministro, exhibiendo una conducta impropia y contraria a la serenidad y dominio de sí mismo, que la segunda autoridad del país debe mostrar siempre, en atención a los graves problemas y situaciones de tensión límite, con los que debe lidiar cada día.

Lo mínimo que un ciudadano le puede pedir a un gobierno es el conocimiento completo de los problemas, un plan concreto de solución, y la tranquilidad y altura para tomar las decisiones que correspondan.

En los tres ramos el Ministro del Interior don Edmundo Peréz Yoma, sacó el martes una nota roja. Ignora los problemas del sur. No tiene plan. Pierde los estribos.

Al diputado lo amonestó públicamente el Presidente de la Cámara a la que pertenece. Esperamos, al menos, algún reproche de la Presidenta a su Premier.

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL ESTABLECIENDO UNA NUEVA FIGURA DEL DELITO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD, POR EL RAYADO DE GRAFITTI NO AUTORIZADOS EN LA PROPIEDAD PÚBLICA O PARTICULAR

ANTECEDENTES

1.- Esta iniciativa responde a la circunstancia que desde hace ya varios años se ha constituido en mala costumbre, especialmente en las áreas menos vigiladas y mas deterioradas de nuestras ciudades, la impresión de dibujos, símbolos, mensajes, etc., que se estampan en murallas de edificios públicos o privados, en monumentos y demás bienes inmuebles o de mobiliario urbano, no autorizados, o donde está expresamente prohibido, causando un daño a la propiedad, por la vía de disminuir su valor relativo.

2.- Estos rayados, no autorizados, muchas veces también mal denominados “grafitti”; no debe confundirse con las que constituyen manifestaciones artísticas en sitios autorizados por la autoridad, la comunidad local organizada o incluso propietarios particulares. Diversos cuerpos legales contemplan la posibilidad, por demás deseable en muchos casos, de posibilitar e incluso facilitar dicha expresión artística en el ámbito urbano.

3.- La situación actual en materia de rayados o grafitti, no autorizados y por ende, efectuado la mayoría de las veces contra la voluntad del propietario público o privado, es de total impunidad ya que no existen al respecto reglas únicas y de aplicación general, por cuanto se trata de un asunto relacionado con las normas de ornato y aseo contenidas en las ordenanzas municipales, generalmente distintas entre sí. En definitiva nadie responde del daño que se produce a los particulares y al país, y la autoridad responsable, la policía, el ministerio público y los órganos comunitarios, no cuentan con herramientas legales para detener y sancionar esta especie de vandalismo.

4.- Por su parte, el Código Penal contempla figuras que podrían asemejarse a las conductas que se desea sancionar, pero no resultan lo suficientemente precisas. Todo lo anterior, unido a que en muchos lugares las personas que pueden y los propios municipios incurren en cuantiosos gastos por la limpieza y reparación de los daños causados en la propiedad, lo que hace exigible sancionar estas conductas con normas claras, y precisas que fueran de aplicación general.

5.- Es menester señalar que el año 2003 se presentó una moción similar, mediante la cual se pretendía sancionar esta figura, incorporando un nuevo numeral al artículo 496, con el objeto de tipificar una falta, pero sin embargo ésta no prosperó y se procedió a su archivo.

6.- Por lo anterior, y atendiendo a los extremos a que ha llegado esta práctica, nos lleva a proponer la modificación del Código Penal para introducir una nueva figura del delito de daños que tipifique y sancione con claridad estas conductas, sanción que sería de aplicación general y no quedaría, en consecuencia, sujeto su castigo a las disposiciones particulares de las distintas ordenanzas municipales.

Es por ello, que venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Agrégase un nuevo artículo 486 bis al Código Penal, con el siguiente tenor:

“El que sirviéndose de pinturas de cualquier tipo, procediera a la fijación de mensajes, dibujos, u otras figuras y expresiones no autorizados, en bienes muebles o inmuebles ya sea públicos o privados, causando un daño a la propiedad cuyo importe exceda las cinco unidades tributarias mensuales, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

En todo caso, el tribunal podrá, con acuerdo del condenado, conmutar la pena por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad, señalando expresamente el tipo de trabajo, el lugar o institución donde deba realizarse, su duración y la persona o entidad encargada de controlar su cumplimiento. La sanción tendrá una extensión mínima de treinta horas y máxima de ciento ochenta y, en el caso de los menores de edad, no podrá exceder del límite establecido en el artículo 11 de la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal. Los trabajos se realizarán, de preferencia, sin afectar la jornada laboral o de estudio que tenga el infractor, con un máximo de ocho horas semanales. La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el tribunal dejará sin efecto la conmutación por el sólo ministerio de la ley, deberá cumplirse íntegramente la sanción originariamente aplicada y no procederán las medidas alternativas de remisión condicional de la pena y reclusión nocturna.

ALBERTO CARDEMIL H. FELIPE HARBOE
Diputado Diputado

Piñera, Madariaga, Correa Bulos, la Concertación y el Gobierno Militar

Lunes 27 de julio de 2009

Hay una maniobra de desprestigio contra Piñera organizada por Frei y la Concertación para tapar la delincuencia, el desempleo, la carestía de vida, la demora y en la entrega de los beneficios sociales y la desesperación por la inminente perdida del poder en las elecciones de diciembre.

La verdad es ésta:

El año 1982, Sebastián Piñera era un opositor al Gobierno Militar, pertenecía a una connotada familia de la DC y había participado públicamente en actos en contra de la aprobación de la Constitución de 1980. Eran públicas y notorias sus diferencias políticas con José Piñera, su hermano. Viví y actué, en esa época política y estoy seguro que a nadie le habría pasado por la mente interceder a favor de Sebastián Piñera. Tampoco se hizo por personas que en ese entonces se consideraban amigas de régimen como Vial, Lüders o incluso Massad. En general, la opinión del Gobierno era en contra de los administradores de bancos durante la crisis de 1980 - 1983. Por algo el Estado intervino los bancos, quitó la propiedad a los dueños y demandó a los ejecutivos.

Respecto a Correa Bulos, sus propios pares se encargaron de destituirlo por falta de probidad, evitando así una acusación constitucional en su contra. El hijo de Correa, Correa Blois, es asesor cercano de Camilo Escalona, Presidente del Partido Socialista. Ahí está la trenza con la Concertación y con Frei en esta sucia maniobra politiquera en contra del candidato que puntea las encuestas.

Lo que sucedió es claro, hubo una querella contra Piñera, Massad y el resto de la administración del Banco Talca. Se dictaron contra ellos resoluciones judiciales que no tengo claras. Piñera recurrió de amparo o protección y ganó por paliza completa en la Corte. Es lo que ha sucedido muchas veces y respecto de muchas personas en Chile. Me imagino que si alguien se movió profesionalmente ante los tribunales fue gente ligada a la DC de la época. Massad fue ministro de salud y Presidente del Banco Central del propio Frei Ruiz-Tagle. Piñera, también amigo de Frei Ruiz-Tagle, con quien colaboró por ejemplo en el levantamiento de la estatua de su padre (he visto la réplica en miniatura en la oficina de Sebastián).

Entonces el que tiene que dar explicaciones al país, no pedirlas es Frei. ¿Por qué honra a Massad por las mismas razones que descalifica a Piñera?. ¿Por qué incurre en la bajeza de retírale la amistad a alguien por el sólo hecho de que puede ganarle una elección?. ¿Por qué se presta para una maniobra oscura, impropia de un ex Presidente de Chile, en la línea de descalificaciones personales que ya están siendo permanentes en su estilo, y que tanto daño le hacen a la amistad cívica? ¿Ha cambiado Frei su estilo moderado o está prisionero de la izquierda antilibertaria, antipropietaria y anticristiana? ¿Para qué sirve un presidente del siglo XXI dedicado a la agitación social?.

En cuánto a doña Mónica, sólo puedo decir que está enferma de gravedad y la caridad cristiana recomienda perdón y deseos de recuperación física y espiritual.

Todo esto lo digo porqué lo sé y lo conozco.

Atentamente,

Alberto Cardemil Herrera.

DIPUTADOS DE LA ALIANZA PIDEN CANCELAR COMPRA DE HELICOPTEROS RUSOS POR SIGNIFICAR UNA MALA INVERSION
PARA CHILE

El Ejecutivo resuelve las adquisiciones con fondos reservados del cobre, pero los diputados ejercemos la función fiscalizadora de los actos del Gobierno. En tal condición los diputados de la Alianza solicitamos formalmente se cancele la operación de compra de helicópteros rusos MI 17, que se ha ventilado por los medios de comunicación, por cuanto ella significaría una mala inversión con dinero de todos los chilenos.

Lunes 20 de julio de 2009

1.- Nuestra primera objeción radica en el precio. Se ha hablado de un costo de 80 millones de dólares para cinco helicópteros, lo que representa un precio unitario de US$16.000.000.- por unidad. En el cuadro anexo puede observarse que el precio de mercado de estas aeronaves, evidenciado en las últimas compras oscila entre un US$1.600.0000- y US$8.275.000.-

Lo que es mas grave, tenemos antecedentes que entre el año 2000 y 2007 estos helicópteros fueron ofrecidos a través de CEGHEC S.A. KAZAN HELICOPTERS, en un precio de US$6.072.000.- por unidad.

No sabemos quién está intermediando un negocio en que por lo menos se están pagando US$ 10.000.000.- adicionales por cada aeronave.

2.- Nuestra segunda objeción radica en la desnaturalización a nuestro juicio ilegal, de los fondos reservados del cobre. Se ha dicho que los helicópteros rusos serán para el uso civil del Ministerio del Interior, cuyo mantenimiento correrá por cuenta de la FACH.

Nos oponemos a que fondos cuyo destino legal es la modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que tienen un objetivo de Estado y permanente, terminen usándose para la dotación de ministerios eminentemente políticos.

La carta de CEGHEC S.A. da cuenta de una oferta de helicópteros de configuración civil, lo que refuerza la sospecha de que el uso de las aeronaves es para el manejo del Ministerio del Interior.

3.- Nuestra tercera objeción es que la adquisición de material, tecnología y norma rusa, contradice la definición expresa y oficial de la FACH. Si la pretensión consiste en adquirir helicópteros rusos de configuración civil, para que los mantenga y administre la FACH, resultaría de ello una carga, de tiempo, preocupación y economía, completamente injustificada para la Institución en materia de nuevo entrenamiento y capacitación, que la apartaría de su línea oficial y formal de trabajo, cual es la homogeneización de su material. Esa es la razón de todas sus últimas compras de aeronaves.

Si la pretensión es adquirir aeronaves de guerra, la decisión es peor aún porque contradiciendo esa misma línea la FACH quedaría con un verdadero mostrario de helicópteros UH1; BELL 2006; BELL 412; BO115; BK117. Nuestra definición como Alianza por Chile es mantener y respaldar las políticas públicas oficiales de Defensa a largo plazo.

4.- Nuestra cuarta objeción es la falta de información a la Cámara de Diputados. Una norma mínima de prudencia en materias tan delicadas como las adquisiciones militares, sobre todo cuando un gobierno se esta terminando, es la comunicación oportuna, completa, no contradictoria a la Cámara de Diputados. Aquí ha brillado por su ausencia y las versiones de prensa se hacen fuego por la información oficial que la Comisión de Defensa ha recibido. Plantearemos durante la discusión de la Ley Orgánica del Ministerio la obligatoriedad de tal consulta.

5.- Exhortamos a los gobiernos concertacionistas a no seguir repitiendo errores con la FACH. Hay varios episodios en que los gobiernos de la concertación han tomado decisiones políticas que afectan a la FACH y después la institución en un acto de patriotismo se ve compelida a bancarla. Uno de estos casos fue la destrucción del aeródromo de Cerrillos. Otro ha sido la adquisición del satélite que aún no se lanza y que de funcionar cumplirá tareas eminentemente civiles. En el caso de la compra de los aviones Mirage en 1994, la decisión también fue política.

COMISION DE DEFENSA DE LA ALIANZA POR CHILE

Comisión Mirage: Ríos reitera versión sobre viaje a Londres de Vega y Rojas

El ex agregado aéreo en Londres entregó detalles sobre la instrucción para depositar
US$ 14 millones en un banco belga.

Viernes 19 de junio de 2009

Fuente: La tercera

Poco más de una hora duró la comparecencia del general (R) Patricio Ríos ante la comisión que indaga el pago de comisiones en la adquisición de 25 aviones Mirage a Bélgica, en 1994. En ella, quien fuera agregado aéreo en Londres para esa fecha, ratificó la declaración judicial que prestó en abril pasado ante el juez Omar Astudillo. El testimonio ha sido desacreditado por el ex comandante en jefe de la Fach Ramón Vega y el ex ministro de Defensa Patricio Rojas.

Ante el magistrado, Ríos reveló detalles de un viaje que hicieron a Inglaterra el ex comandante en jefe de la Fach Ramón Vega y el ex ministro de Defensa Patricio Rojas a fines de 1993. También informó que, a instancias del jefe de Comando Logístico, general (R) Jaime Estay, realizó una transferencia de cerca de US$ 15 millones a un banco belga, antes de que se firmara el contrato de compra.

Ayer, frente a las preguntas de los diputados de la Alianza, el ex uniformado ahondó en ambas versiones. Respecto al viaje de Vega y Rojas -que este último negó-, recordó que "probablemente" desde el gabinete del ex ministro le pidieron mantener reserva del periplo y le solicitaron arrendar un auto con un chofer que hablara español. Y aunque dijo desconocer la agenda de trabajo que desplegaron ambos personeros, confirmó que sostuvieron reuniones y que para ello les prestó su despacho.

Sobre la transferencia, quien fue comandante en jefe de la Fach entre 1999 y 2002 sorprendió a los miembros de la comisión al entregar detalles de las conversaciones telefónicas que sostuvo con Estay, que, según él, datan "de antes de fines de marzo de 1994". En esos contactos, el jefe del Comando Logístico lo instó insistentemente a concretar la mentada transferencia, a lo que él se resistió mientras no tuviera en su poder la factura, que iba dirigida a nombre de la firma belga Sabca.

"Un día él me dice 'te voy a enviar la fotocopia de la factura por fax'. Yo le digo 'no me sirve la fotocopia, mi general, tiene que ser la factura original' y él se molestó un poco... (Finalmente) la factura llegó a Londres dos o tres días después y se hizo la transferencia a nombre de (la empresa de reacondicionamiento belga) Sabca", relató Ríos.

Se le inquirió entonces si la orden de transferir los US$ 15 millones -cifra similar a las comisiones que indaga Astudillo- emanaba del decreto 7A del 1 de marzo de 1994 que dio origen a la operación, como lo ha sostenido Vega. Ríos subrayó que era imprescindible que hubiera un decreto que autorizara la transacción, pero dijo no recordar el documento. Sin embargo, al leer el decreto que tenía en su poder el diputado Alberto Cardemil, puso en duda que se tratara de ese, pues éste establecía cuatro pagos parcelados de dinero y no uno solo, como él realizó.

Ríos también se refirió al viaje que realizó a Londres Edmundo Pérez Yoma en enero de 1994, antes de que asumiera la cartera de Defensa.

Con la Fuerza de la Razón o La Razón de la Fuerza

Me preocupan las deficientes declaraciones públicas del canciller Mariano Fernández, respecto del juicio a que injustamente nos ha arrastrado el Perú ante el tribunal de La Haya, reclamando para sí una porción de mar y territorio que ha sido chilena por hecho y derecho desde 1929, lo que ha sido ratificado en 1952, 1954, 1988 y 1989.

No hay cuestiones limítrofes pendientes entre Chile y Perú. La demanda peruana no puede abrir un diferendo ni una controversia, ni una interpretación de tratados y acuerdos meridianamente claros, por lo que debemos impugnar la jurisdicción y competencia del tribunal cuando sea oportuno.

Si resulta inconveniente usar un lenguaje equívoco y vago desde la propia cancillería, mas desafortunada aún fue su alusión al asesinato del Teniente de Carabineros Merino Correa en Laguna del Desierto, defendiendo la soberanía chilena en un territorio que fue chileno desde 1904, y que se perdió después por un juicio con Argentina, mal planteado y peor llevado por los gobiernos de Frei Montalva, Aylwin y Frei Ruiz-Tagle.

Perú ha hecho una movida estratégica. Chile debe defenderse con fuerza y energía, no solamente con buenos abogados en La Haya, sino también con una ofensiva sólida, para garantizar la primacía del interés chileno en las áreas de la diplomacia internacional, la defensa, el desarrollo territorial y oceánico de Arica y Parinacota y especialmente de las comunicaciones, que es la madre de todas las batallas en el mundo actual, y que vamos perdiendo porque Perú se ha movido mejor.

Esta bien, todos vamos a estar unidos detrás de la presidenta y su ministro para defender a Chile. Pero les exigimos, en reciprocidad, mas claridad, vigor, rapidez y movilidad en su tarea. Con la fuerza de la razón, que la tenemos, pero también con la razón de la fuerza, que mucho vale en las relaciones exteriores.

ALBERTO CARDEMIL H.

Votación Electrónica

Viernes 3 de marzo de 2009

Como Diputado por Santiago tengo que fijar una posición sobre la propuesta de cerrar el Parque Forestal y el Parque de los Reyes.

Para lo anterior les pido un voto a cada uno de ustedes, eligiendo entre la alternativa A o B.

Alternativa A. Cerrar con reja de estilo todo el perímetro del Parque Forestal y el Parque de los Reyes dejando al menos cuatro puertas, con un horario de uso de entre las 7:00 y las 23:00 horas. Con guardia y servicio de limpieza propios. (La ventaja sería una mejor mantención del Parque. Su desventaja sería un acceso mas restringido). En muchos países avanzados funciona este sistema.

Alternativa B. Mantener la situación actual mejorando todo lo posible la vigilancia de seguridad ciudadana y Carabineros, además de preocuparse mas de la limpieza. (La ventaja sería un acceso general y absoluto. La desventaja son los problemas de seguridad y limpieza. En muchos países avanzados también funciona el sistema).

Su opinión es importante para determinar la posición de su diputado. Le agradecería indicarme su preferencia por A o B, vía página web, facebook o e_mail.

Muchas gracias, Alberto Cardemil

Diputado Cardemil emplaza a Felipe Harboe y lo invita a dar ejemplo de cumplimiento de la ley

Martes 17 de marzo de 2009

A pesar de que el proceso de nombramiento de Felipe Harboe como diputado por Santiago ha sido un resquicio legal y una interpretación abusiva de la Constitución, no impugnaré dicha designación ante el Tribunal Constitucional. Prefiero, como siempre lo he hecho, esperarlo parado en la cancha de Santiago y ganar ahí por decisión ciudadana las mayorías electorales.

No obstante, emplazo a Felipe Harboe para que nos diga si su nombramiento, antes de transcurrido el año legal de inhabilidad que tienen las autoridades del ejecutivo para optar a un cargo electo en el Congreso, se corresponde con estilo de renovación y transparencia de la política que él mismo anunció con motivo de su renuncia a la Subsecretaría en diciembre del año pasado; o, por el contrario, es un episodio más del ya conocido juego de las sillas musicales, donde se ejercita el reparto de cuotas de poder entre las mismas personas.

Por otra parte, es público y notorio que el futuro diputado Harboe tiene el centro de Santiago repleto de caras gigantografías que lo promueven. Lo emplazo a dar el ejemplo de cumplimiento estricto de la ley electoral a la que él está especialmente obligado cuando sea parlamentario. Por tanto, acto seguido de su juramento lo invito a retirar las pancartas que constituyen un abuso de la ley.

Tema importante es, además, el contenido de su campaña, bajo el eslogan “seguro por Santiago”. En esa área, lo emplazo a discutir a partir de ahora el tremendo grado de inseguridad pública y ciudadana en Santiago y el balance negativo de su gestión como responsable del combate a la delincuencia, donde el nivel de victimización en la comuna está muy por sobre el promedio nacional, además de contar con el mayor número de denuncias por delitos de alta connotación social como robo, hurto, robo con intimidación social y por sorpresa.

Alberto Cardemil, Diputado por Santiago.

Queridas Amigas y Amigos Santiaguinos:

Viernes 16 de enero de 2009

Siendo tremendamente respetuoso de todas las ideas y opciones políticas, ustedes saben que siempre he luchado para que una Alianza unida le garantice un buen gobierno a Chile y a Santiago. Por eso me han pedido ser nuevamente su Diputado por Santiago.

Este año 2009 los invito a trabajar todos juntos, hayan votado antes o no, hayan sufragado que Si o que No, hayan optado por la Alianza o la Concertación, mujeres u hombres, jóvenes o viejos, pelados o peludos, altos o bajos, flacos o gordos, a concretar el cambio de mando en nuestro país, con Piñera, tal como ya ganamos en la capital con Zalaquett.

Me atrevo a enviarles vía e-mail un calendario Juntos por Chile 2009, que estoy haciendo llegar casa por casa. Para pedirlo materialmente y dar cualquier idea, aporte o crítica, contáctense con nosotros al 232 90 14, acardemil@congreso.cl, Almirante Barroso Nº 17, Santiago.

Afectuosamente,


Alberto Cardemil Herrera
Diputado por Santiago

Cardemil presenta moción que crea sistema de sanciones para los Fiscales del Ministerio Público

Viernes 16 de enero de 2009

El diputado de Renovación Nacional, Alberto Cardemil ingresó esta mañana una moción parlamentaria que busca crear un sistema de sanciones para los fiscales que cometan errores de procedimiento. Esto, a raíz del caso de la supuesta líder de una banda de asaltos, que permaneció dos días detenida y finalmente se comprobó su inocencia.

"La gente necesita ser atendida en sus demandas de justicia, que es lo más sagrado de la persona humana", señaló Cardemil antes de agregar que "estoy presentando una moción parlamentaria muy concreta para cambiar y precisar el sistema de responsabilidad de los fiscales del Ministerio Público".

El parlamentario explicó que "este proyecto establece 14 situaciones concretas de acciones u omisiones en la atención de las personas, que podrían constituir faltas del fiscal y por los cuales la gente puede reclamar. Una de ellas es la desatención reiterada y manifiesta de las demandas de la gente y otra es la acusación con antecedentes falsos, como es el caso de la señora embarazada que ha remecido al país".

"Hoy los fiscales son todopoderosos porque la ley es vaga en cuanto a sanciones y son juzgados por sus propios pares. Esto no puede ser", dijo el diputado para luego agregar que "esperamos que este proyecto cambie en forma sustancial el sistema que rige hoy día", argumentó.

Finalmente, Cardemil aseguró que "si bien la gran mayoría de los fiscales tiene todo nuestro respaldo, porque en su mayoría funcionan bien, lamentablemente en algunos casos no es así y se creen los sheriff del condado, dueños de hacer y deshacer lo que se les ocurra, por lo que se hace muy necesario contar con un sistema disciplinario donde efectivamente la gente pueda recurrir y encontrar respuestas".

DESCARGAR PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MODIFICACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Valparaíso, 15 de Enero de 2009.

LA MALA GESTIÓN 2008 DE SEGURIDAD CIUDADANA EN SANTIAGO NO PERMITE APLAUDIR AL GOBIERNO NI AL EX SUBSECRETARIO HARBOE

La delincuencia y la inseguridad ciudadana siguen siendo el principal problema en nuestra Comuna de Santiago. El Gobierno esta fracasando en su tarea, y sin perjuicio de su calidad humana, la gestión del ex Subsecretario Harboe tuvo resultados deficientes. Asumió como Subsecretario de Carabineros el 2002 y del Interior en Enero del 2006. Fue ratificado en Marzo del 2006 y entregó su cargo el 10 de Diciembre del 2008.

1.- Desde un punto de vista del número de victimas santiaguinas las cifras son negativas.

El promedio de victimización en la comuna de Santiago en estos años fue de 37,85%, porcentaje superior al promedio nacional de 36,5%. En Santiago sólo disminuyó en 3 puntos porcentuales, en circunstancias que el resto del país disminuyó en más de 7 puntos porcentuales entre 2003 y 2007.

Si comparamos Santiago con el resto del país el balance negativo se refleja en el cuadro siguiente:

Fuente: Elaboración Instituto Libertad en virtud de las
bases de datos de la ENUSC 2003, 2005, 2006 y 2007.

En el año 2003 la comuna de Santiago presentaba niveles de victimización menores al promedio, pero inexplicablemente entre los años 2005 y 2007 se sitúa por sobre dichos niveles.

2.- Desde el punto de vista del número de denuncias las cifras son negativas:

El aumento sostenido de las denuncias en Santiago entre el año 2003 y 2007 se aprecia en el siguiente diagrama:

Fuente: Ministerio del Interior, Informe Trimestral
Estadísticas Delictuales según comuna año 2005

3.- Desde el punto de vista de denuncias de delitos con mayor alarma pública, las cifras son negativas.

Según consta en Informe Trimestral de Estadísticas Delictuales de comunas de 50 mil y más habitantes del Ministerio del Interior, División de Seguridad Pública (publicado en febrero de 2008), la Comuna de Santiago fue la comuna con mayor número de denuncias por delitos de mayor connotación social en el año 2007, con 24.385 denuncias. En dicho año la comuna que ocupa el segundo lugar con más denuncias por delitos de este tipo fue Concepción con 12.434 denuncias, esto es, la mitad de las denuncias de Santiago, aún cuando la diferencia de población no es significativa (Santiago: 200 mil y Concepción: 216 mil –CENSO 2002-) . Dada las diferencias de tamaño poblacional de las comunas para determinar qué comuna tiene más delitos corresponde comparar las tasas de denuncias. La comuna de Santiago registró una tasa de denuncias cada 100 mil habitantes de 13.636,8 y Concepción 5.501,4.

Según consta del mismo Informe, durante el año 2007 la comuna de Santiago fue la comuna que tuvo mayor tasa de denuncias por la ocurrencia delito de robo con fuerza (4.497,3), delito de lesiones (1.453,4), delito de hurto (3.442,0), robo con intimidación (1.676,0), robo por sorpresa (1.832,6), robo con violencia (686,2) y violación (44,2).

En el gráfico siguiente se puede apreciar, además, que entre los años 2003 y 2007 las denuncias por todos los robos han aumentado sustancialmente en la comuna de Santiago.

Tasas de denuncias por tipo de robo

Fuente: Ministerio del Interior, Informe Trimestral Estadísticas delictuales según comuna año 2005 e Trimestral Estadísticas delictuales según comuna año 2007[1].

En conclusión Santiago es la comuna con más denuncias y que tiene serios problemas de delitos contra la propiedad, lo cuales son de fácil control por parte de las autoridades gubernamentales y policiales.

4. Desde el punto de vista del cumplimiento del Acuerdo Político Legislativo de Seguridad Ciudadana suscrito en Noviembre de 2007, los resultados son negativos.

La grave situación de incumplimiento, que refleja la ineficacia del Gobierno, respecto de cada una de las medidas de la agenda antidelincuencia, reiteradamente solicitada por la Alianza, es la siguiente:

Fuente: Instituto Libertad.

5.- Desde el punto de vista de la reformulación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública aún cuando sólo el 47% de las metas cuyo plazo de cumplimiento era el 2007, estaban cumplidas, el resultado es errático e insuficiente.

El Gobierno ha rendido cuenta pública de la ENSP en tres oportunidades, siendo la última en agosto de 2008, oportunidad en que nos sorprendió con el lanzamiento de una nueva versión (ENSP versión 2008) que curiosamente modifica los plazos y metas de la versión original.

En enero del año 2008 el Gobierno señaló en su Cuenta Pública Anual que había cumplido el 87,6% de todas las metas, cuestión que a simple lectura no corresponde toda vez que muchas de ellas tienen como plazo de cumplimiento el año 2010. La evaluación realizada antes de redactar el informe reafirmó la exageración de este porcentaje, toda vez que sólo el 58% de las metas estaban vencidas al terminar el año 2007. Por su parte, un 42% de las metas aún están vigentes (su plazo de ejecución se encuentra actualmente en desarrollo, es decir, que corresponde al año 2008, 2009, 2010 o bien, a plazos que van desde el año 2006 o 2007 al año 2010), y por consiguiente es imposible calificar su cumplimiento. Es preocupante que se haya elaborado una nueva versión de la ENSP, puesto que sólo el 47% de las metas vencidas de la versión 2006 están cumplidas y sólo el 27% de las vigentes tiene un alto grado de avance.

En conclusión a dos años de vigencia de la ENSP (guía para dirigir la seguridad pública del país), no contiene una descripción clara de los movimientos que implican sus metas y objetivos y es un conjunto de programas cuya lectura refleja gran desarticulación por ausencia de fines y objetivos concretos, características de los beneficiarios y lo más importante, ausencia de seguimiento de los resultados de cada meta comprometida. En este contexto, no es suficiente en si misma y a partir de ella no se puede evaluar su contenido. He ahí la importancia del rol de las cuentas públicas de la misma, que desgraciadamente en la práctica no han suplido esta omisión (Informe Especial Nº 196, 2008).

Todo ello, permite afirmar que la política pública de seguridad diseñada e implementada por el Gobierno para Santiago y dirigida por el Subsecretario Felipe Harboe presenta defectos de diseño e implementación muy serias, con negativas consecuencias para la seguridad ciudadana en Santiago.




ALBERTO CARDEMIL HERRERA, Diputado por Santiago
BRUNO BARANDA, Concejal por Santiago
RODRIGO MEKIS, Concejal por Santiago
FELIPE ALESSANDRI, EX Concejal por Santiago

Estimados Amigos:

Sorpresa y pena me produjo la escandalosa votación de la Cámara de Diputados de ayer 3 de Diciembre que rechazó la creación de dos senadores propios para Arica y Parinacota. La iniciativa requería de 70 diputados y votamos a favor 55. En contra votaron 5, (varios diputados de la DC y un UDI). Se abstuvieron, que para efectos prácticos es igual que votar en contra, 16 diputados de la UDI y uno del Chile Primero. Hubo 43 parlamentarios que no votaron, lo que equivale a rechazar las leyes de quórum. Me duele especialmente que la Alianza, cuya nota distintiva es su sentido nacional y regionalista, haya participado parcialmente en este descomunal error.

La decisión, que no tiene otro argumento que el cálculo electoral o el afán de mantener el poder repartido entre 38 senadores, implica dejar a Arica y Parinacota como una región de segunda categoría -con senadores prestados por Iquique- lo que lesiona la igualdad constitucional de las divisiones político administrativas mas altas de la República, y supone un nuevo agravio histórico a la comunidad ariqueña y parinacotense, especialmente grave por los reclamos peruanos y bolivianos que sobre ella gravitan. Lo mas grave de todo este asunto es que la carencia de senadores comprometidos exclusivamente con la nueva región, aleja el establecimiento de un plan maestro de desarrollo y la defensa decidida de nuestra soberanía dos veces fronteriza. Por último, debilita la función del Senado cuya legitimidad representativa es territorial.

El resultado es malo para Chile, para Arica y también para Iquique, Región I, que deberá compartir su representación con la Región XV, pese a que evidentemente tienen intereses muchas veces divergentes. Cuesta asimilar una torpeza política mas gratuita. No me imagino con que cara muchos de los que votaron en contra, se abstuvieron, o no asistieron, van a seguir predicando la consigna del regionalismo.

Las personas, candidatos, parlamentarios y autoridades, pasamos, vamos y venimos. En cambio el país y sus regiones constitutivas quedan y permanecen. Si esta situación se consuma no diviso a nadie consecuente como candidato a senador común por dos regiones muy distintas y aún en pugna. Desde luego yo no estoy dispuesto a serlo. En esa circunstancia auguro un tremendo, transversal y legítimo movimiento para anular en Arica el voto senatorial, y votar sólo por Presidente y Diputados. Se incorporará el punto, además, en el ya pesado pliego de peticiones que la zona le tiene presentado al Estado de Chile, y que para variar no tiene respuesta.

Quiero esperar que aún haya tiempo y lucidez del Senado para corregir el agravio cometido con la Región VX de Arica y Parinacota, en cuyos problemas y desafíos geopolíticos se está jugando el futuro de Chile.

ALBERTO CARDEMIL HERRERA
Diputado por Santiago