Ni verdad ni justicia histórica

Renovación Nacional, cuya doctrina permanente es la defensa del Estado de Derecho, acatará el fallo de mayoría de la Corte Suprema que desafora al senador Pinochet. Ello, sin perjuicio de emitir con claridad y firmeza la opinión que ella le merece.
Resulta obvio que el desafuero, llevado adelante por sectores que aparecen como remanentes de la UP, tienen una estricta naturaleza política. No se ha buscado aquí ni la verdad jurídica ni la justicia histórica. No se busca ni siquiera la sanción legal de Augusto Pinochet, por delitos que se saben inexistentes. Se ha perseguido convertir lo que en nuestra legislación es un antejuicio en una condena política a su obra, con todos los ingredientes y recursos propios que se usan ante un tribunal popular.

La tan cacareada búsqueda de la igualdad ante la ley, con que pretendió justificar la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado su incursión en el proceso, no es sino un sofisma demagógico. Ello prueba, precisamente, la flagrante desigualdad con que se ha medido al senador Pinochet en relación con cualquier otro parlamentario de la República.

El desafuero abre una crisis de la que es responsable la Concertación, de actual hegemonía socialista. Detrás del fallo se percibe el accionar oblicuo del Gobierno, que por un lado se plantea como objetivo cerrar la transición y exhibe un discurso moderado y tranquilizador, pero, por el otro, facilita, permite y aún impulsa, explícita o subterráneamente, todos los esfuerzos para hacer aprobar el desafuero, y tratar de cambiar la equilibrada memoria histórica sobre el gobierno militar.

Pesa sobre el Gobierno la grave responsabilidad de buscar una salida sensata a la crisis que ayudó a explotar. La Alianza por Chile ha hecho todos los esfuerzos por buscar caminos de reencuentro, paz social y amistad cívica, cerrando de una vez por todas la transición; así, planteó reformas constitucionales no condicionadas, apoyó los acuerdos de la mesa de diálogo y trató de crear las condiciones para un fallo despolitizado en el caso del senador Pinochet.

Todo ello se ha estrellado con la negativa de minorías que, por meros intereses electorales inmediatos, se las han arreglado para seguir dividiendo al país. Estas minorías han sido las que han interrumpido, una vez más, la transición, con su secuela de inseguridad social, económica y política, y que posterga, otra vez, la solución de los graves problemas que afectan a los chilenos.

Se abren para el gobierno dos vías alternativas; o busca una salida política a la crisis que ha prohijado o sigue con el doble standard que empieza a caracterizarlo. Si toma la primera opción, estaremos dispuestos a cooperar, como siempre lo hemos hecho, en soluciones eficaces de concordia y paz. Si toma la segunda, este tercer gobierno de la Concertación verá seriamente comprometida su posibilidad de éxito, frustrando las esperanzas que abrió y hoy día han quedado comprendidas entre grandes signos de interrogación y preocupación.

En lo que dice relación con el pasado, y más allá de las pasiones contingentes y de la apreciación interesada de los sectores termocéfalos de la izquierda, será la historia de Chile la que juzgue las realizaciones del gobierno de las Fuerzas Armadas, que restableció precisamente el orden jurídico que hoy dicta fallo en su contra, luego de la más profunda crisis sufrida en el siglo XX.